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El
gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, firmó el presupuesto aprobado
del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011-2012, que asciende a
$9,260 millones. Según indicó Fortuño "el presupuesto asigna la mayor
cantidad de fondos a temas que preocupan a todos los puertorriqueños,
como lo son la seguridad, la salud, y la educación de nuestros niños".
Este
presupuesto es 1.4% mayor al anterior, dada la eliminación de los
fondos ARRA y la aportación que se hará al Plan de Retiro de los
empleados públicos. El Gobernador explicó que el Departamento de
Educación recibe ahora un presupuesto de $2,228 millones, un aumento de
$117 millones ( 6%) sobre el año anterior.
Asimismo
se refuerza el programa de educación especial con la asignación de
1,300 facilitadores en todas las escuelas y $43 millones asignados para
transportación a sus citas médicas y terapias, entre otros. La seguridad
escolar también se refuerza significativamente, con $21 millones
asignados a este asunto.
En
el área de salud, se le asignaron fondos al Centro de Trauma de
Mayagüez; así como a los fondos de enfermedades catastróficas; y $39
millones para cumplir con el pago de servicios médicos que ofrece ASEM a
los hospitales adscritos al Centro Médico.
Del
mismo modo, a la Policía de Puerto Rico también se le adjudica un
presupuesto mayor, que asciende a $759 millones "La seguridad en Puerto
Rico es un tema que a todos los puertorriqueños nos preocupa... y, sin
lugar a dudas, queda mucho por hacer para garantizar un Puerto Rico
seguro. Es por eso que he aumentado el presupuesto a la Policía, añadió
el Gobernador."
Vea el Memorial explicativo sobre el presupuesto recomendado para el año fiscal 2011-2012.
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lunes, 4 de junio de 2012
Presupuesto gobierno central 2011-2012
Presupuesto Legislatura de Puerto Rico 2011-2012
La tijera no llega al Capitolio
Por: NotiCel 23/05/2011 8:56 am
El Senado de Puerto Rico, que representa a 3.5
millones de personas, tiene un presupuesto mayor al Senado de Florida,
que representa a 16 millones de personas.
La Legislatura de Puerto Rico, de hecho, es la tercera más cara de los Estados Unidos, después de Nueva York y California. En los estados, la mayoría de las legislaturas tiene a sus miembros a tiempo parcial, en vez de a tiempo completo como aquí.
La compensación aquí también es mayor. En promedio, cada senador nos cuesta $1.1 millones, mientras que en Florida cuesta $850,000.
La comparación con Florida no arroja el mismo resultado en la Cámara de Representantes, que en Florida tiene un presupuesto de $52 millones, mientras que acá cuesta $46 millones; aunque allá son 120 representantes y acá son 54. En nuestra Cámara Baja, cada representante nos cuesta $851,000, mientras que en Florida cada representante cuesta $371,000.
El presupuesto total para la Legislatura de Puerto Rico bajo la administración Rivera Schatz-González es $141.9 millones, lo que es mayor a los $129.6 millones que tenía bajo la administración McClintock-Aponte.
La legislatura boricua es más cara que las de 14 estados.
El presupuesto para el año fiscal 2012-2013
El presupuesto para el año fiscal 2012-2013
27 de abril de 2012
- Opinión
- Carlos A. Colón De Armas, Profesor de Finanzas UPR
Análisis sobre el presupuesto presentado por el gobernador Luis Fortuño en su mensaje
El pasado martes 24 de abril, el gobernador
de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño, pronunció ante la Asamblea
Legislativa su cuarto Mensaje de Presupuesto. Como parte de su discurso,
el Gobernador presentó su recomendación sobre la cantidad del
Presupuesto General de Gastos del Gobierno estatal para el año fiscal
(2012‑2013) que comienza el 1ro. de julio. Además, resaltó algunas de
sus partidas más importantes.
Durante los próximos días se estarán divulgando el resto de los detalles contenidos en la propuesta presupuestaria del Gobernador, que son demasiado numerosos para incluirlos en un Mensaje de Presupuesto. Toda esa información pasará a la Asamblea Legislativa para que esta ejerza su obligación constitucional de evaluar ese presupuesto propuesto y aprobarlo. Antes de que se divulguen esos detalles, y previo a que comience ese proceso de análisis del presupuesto, nos parece propio ofrecer una mirada preliminar al presupuesto presentado, a base de la información ofrecida por el Gobernador en su Mensaje de Presupuesto.
El análisis del presupuesto debe comenzar por los ingresos. Sobre ese aspecto, el presupuesto propuesto incluye un estimado de ingresos de $8,750 millones. En comparación con los ingresos proyectados para el presupuesto vigente ($8,650 millones), esa cifra representa un aumento en ingresos de $100 millones.
Una forma de evaluar la razonabilidad de ese estimado de ingresos es examinando los recaudos del Gobierno durante el presente año fiscal. En ese sentido, es importante notar que, hasta febrero del 2012, los recaudos netos al Fondo General han totalizado alrededor de $4,947 millones. Eso representa un aumento de $651 millones por encima de los recaudos del año fiscal anterior para los mismos meses. A base de ese incremento, es razonable esperar que, al finalizar el año fiscal corriente, los recaudos netos al Fondo General excederán los recaudos del año fiscal anterior por $977 millones. Esto elevaría esos recaudos netos a $9,134 millones. Esa cifra superaría, con un año de anticipación, la proyección de ingresos para el próximo año fiscal. Esto sugiere que el estimado de ingresos sobre el cual se basa el presupuesto propuesto es razonable.
Por el lado de los gastos, el Gobernador propuso desembolsos que ascienden a $9,083 millones. En comparación con los gastos presupuestados para el año fiscal vigente ($9,260 millones), ese presupuesto de gastos propuestos representa una reducción de $177 millones.
Esa reducción en el presupuesto es particularmente notoria por tratarse este de un año electoral. Según el Artículo 10 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la ‘Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto’, en el año fiscal durante el cual se celebren elecciones generales, está prohibido gastar más de la mitad del presupuesto durante los primeros seis meses (julio a diciembre). En el pasado, eso ha llevado a muchos gobiernos a aprobar un presupuesto ‘inflado’ para así poder gastar más previo a las elecciones. Dada la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, es encomiable que el gobernador Fortuño no cayó ante esa tentación y mantuvo la prudencia en el gasto público aun cuando esto pudiera serle adverso políticamente.
Desde luego, cuando comparamos el presupuesto propuesto con el presupuesto para el año fiscal 2009, el cual heredó el Gobernador al comienzo de su cuatrienio, se nota una marcada reducción en el gasto (de $10,890 millones a $9,083 millones). Es importante señalar, sin embargo, que en el año fiscal 2009 solamente había ingresos disponibles para cubrir $7,710 millones de esos gastos. Para el resto de los gastos ($3,180 millones), no había dinero disponible y hubo que tomar dinero prestado para poder pagarlos. En el presupuesto propuesto por el Gobernador para el próximo año fiscal ese desbalance se reduce a solo $333 millones. En otras palabras, en el presupuesto propuesto, los gastos de $9,083 millones se cubren, prácticamente en su totalidad, con los propios ingresos del Gobierno; mientras que en el año fiscal 2009, un 33% del gasto se cubrió con deudas.
En término del uso de los recursos públicos, aunque faltan detalles, la información preliminar tiende a indicar que el presupuesto propuesto por el Gobernador tiene el propósito de darle prioridad en la asignación de fondos a las áreas de educación, seguridad y salud. De hecho, según se anunció, más de la mitad del presupuesto estará asignado a esas tres áreas, con incrementos proyectados. En el área de educación, se propone un aumento de 5% en los fondos asignados al Departamento de Educación destinados a proveer mayores recursos en el salón de clases y se asignan $52 millones adicionales a la Universidad de Puerto Rico. Con relación a la seguridad, se proyecta un aumento de $39 millones en los fondos destinados a la Policía de Puerto Rico. De igual forma, se propone un incremento de 13% en los fondos destinados al plan Mi Salud del Gobierno de Puerto Rico el cual permitirá, entre otras cosas, añadir 50 mil beneficiarios al mismo.
Es importante recordar, sin embargo, que el Presupuesto General de Gastos de $9,083 millones que propone el Gobernador, y sobre el cual pasa juicio y aprueba la Asamblea Legislativa, solo representa el 32% de las operaciones del Gobierno. Para tener el cuadro completo del Gobierno de Puerto Rico, a ese Presupuesto General de Gastos habría que añadirle los fondos federales, las mejoras permanentes, y las corporaciones públicas que tienen sus propios ingresos y cuyos presupuestos, en lugar de aprobarlos la Asamblea Legislativa, realmente los autorizan sus respectivas juntas de directores. De esa forma se constituye el Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico que, según anunció el Gobernador, ascenderá a $28,573 millones en el próximo año fiscal.
En resumen, el Presupuesto General de Gastos que propuso el gobernador Fortuño brinda un excelente punto de partida para comenzar el proceso de discusión y ofrece una base sólida sobre la cual seguir construyendo el futuro económico del Gobierno de Puerto Rico.
Durante los próximos días se estarán divulgando el resto de los detalles contenidos en la propuesta presupuestaria del Gobernador, que son demasiado numerosos para incluirlos en un Mensaje de Presupuesto. Toda esa información pasará a la Asamblea Legislativa para que esta ejerza su obligación constitucional de evaluar ese presupuesto propuesto y aprobarlo. Antes de que se divulguen esos detalles, y previo a que comience ese proceso de análisis del presupuesto, nos parece propio ofrecer una mirada preliminar al presupuesto presentado, a base de la información ofrecida por el Gobernador en su Mensaje de Presupuesto.
El análisis del presupuesto debe comenzar por los ingresos. Sobre ese aspecto, el presupuesto propuesto incluye un estimado de ingresos de $8,750 millones. En comparación con los ingresos proyectados para el presupuesto vigente ($8,650 millones), esa cifra representa un aumento en ingresos de $100 millones.
Una forma de evaluar la razonabilidad de ese estimado de ingresos es examinando los recaudos del Gobierno durante el presente año fiscal. En ese sentido, es importante notar que, hasta febrero del 2012, los recaudos netos al Fondo General han totalizado alrededor de $4,947 millones. Eso representa un aumento de $651 millones por encima de los recaudos del año fiscal anterior para los mismos meses. A base de ese incremento, es razonable esperar que, al finalizar el año fiscal corriente, los recaudos netos al Fondo General excederán los recaudos del año fiscal anterior por $977 millones. Esto elevaría esos recaudos netos a $9,134 millones. Esa cifra superaría, con un año de anticipación, la proyección de ingresos para el próximo año fiscal. Esto sugiere que el estimado de ingresos sobre el cual se basa el presupuesto propuesto es razonable.
Por el lado de los gastos, el Gobernador propuso desembolsos que ascienden a $9,083 millones. En comparación con los gastos presupuestados para el año fiscal vigente ($9,260 millones), ese presupuesto de gastos propuestos representa una reducción de $177 millones.
Esa reducción en el presupuesto es particularmente notoria por tratarse este de un año electoral. Según el Artículo 10 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la ‘Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto’, en el año fiscal durante el cual se celebren elecciones generales, está prohibido gastar más de la mitad del presupuesto durante los primeros seis meses (julio a diciembre). En el pasado, eso ha llevado a muchos gobiernos a aprobar un presupuesto ‘inflado’ para así poder gastar más previo a las elecciones. Dada la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, es encomiable que el gobernador Fortuño no cayó ante esa tentación y mantuvo la prudencia en el gasto público aun cuando esto pudiera serle adverso políticamente.
Desde luego, cuando comparamos el presupuesto propuesto con el presupuesto para el año fiscal 2009, el cual heredó el Gobernador al comienzo de su cuatrienio, se nota una marcada reducción en el gasto (de $10,890 millones a $9,083 millones). Es importante señalar, sin embargo, que en el año fiscal 2009 solamente había ingresos disponibles para cubrir $7,710 millones de esos gastos. Para el resto de los gastos ($3,180 millones), no había dinero disponible y hubo que tomar dinero prestado para poder pagarlos. En el presupuesto propuesto por el Gobernador para el próximo año fiscal ese desbalance se reduce a solo $333 millones. En otras palabras, en el presupuesto propuesto, los gastos de $9,083 millones se cubren, prácticamente en su totalidad, con los propios ingresos del Gobierno; mientras que en el año fiscal 2009, un 33% del gasto se cubrió con deudas.
En término del uso de los recursos públicos, aunque faltan detalles, la información preliminar tiende a indicar que el presupuesto propuesto por el Gobernador tiene el propósito de darle prioridad en la asignación de fondos a las áreas de educación, seguridad y salud. De hecho, según se anunció, más de la mitad del presupuesto estará asignado a esas tres áreas, con incrementos proyectados. En el área de educación, se propone un aumento de 5% en los fondos asignados al Departamento de Educación destinados a proveer mayores recursos en el salón de clases y se asignan $52 millones adicionales a la Universidad de Puerto Rico. Con relación a la seguridad, se proyecta un aumento de $39 millones en los fondos destinados a la Policía de Puerto Rico. De igual forma, se propone un incremento de 13% en los fondos destinados al plan Mi Salud del Gobierno de Puerto Rico el cual permitirá, entre otras cosas, añadir 50 mil beneficiarios al mismo.
Es importante recordar, sin embargo, que el Presupuesto General de Gastos de $9,083 millones que propone el Gobernador, y sobre el cual pasa juicio y aprueba la Asamblea Legislativa, solo representa el 32% de las operaciones del Gobierno. Para tener el cuadro completo del Gobierno de Puerto Rico, a ese Presupuesto General de Gastos habría que añadirle los fondos federales, las mejoras permanentes, y las corporaciones públicas que tienen sus propios ingresos y cuyos presupuestos, en lugar de aprobarlos la Asamblea Legislativa, realmente los autorizan sus respectivas juntas de directores. De esa forma se constituye el Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico que, según anunció el Gobernador, ascenderá a $28,573 millones en el próximo año fiscal.
En resumen, el Presupuesto General de Gastos que propuso el gobernador Fortuño brinda un excelente punto de partida para comenzar el proceso de discusión y ofrece una base sólida sobre la cual seguir construyendo el futuro económico del Gobierno de Puerto Rico.
domingo, 3 de junio de 2012
Fortuño agradece aprobación de la ley para referéndum sobre reducción de legisladores
Fortuño agradece aprobación de la ley para referéndum sobre reducción de legisladores
Fortuño adelantó que consulta tiene que llevarse a cabo
antes de las elecciones, por lo que el referéndum se realizará el
domingo, 12 de agosto de 2012. (Archivo/Primera Hora/Gerald
López-Cepero)
martes, 11 de octubre de 2011
El gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, agradeció a la
Legislatura, que anoche dio paso a la ley que permite consultarle al
pueblo si desea que se reduzca en una tercera parte la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico.
“La Reforma Legislativa es un compromiso programático de esta
Administración para reducir el número de legisladores en ambos cuerpos
en una tercera parte... y lo estamos cumpliendo”, expresó el Gobernador
en un comunicado de prensa.
Recalcó que luego de la aprobación de la ley se llevará a
cabo un referéndum donde se le consultará al pueblo la enmienda a la
Constitución, para reducir el número de miembros de la Asamblea
Legislativa de 78 a 56 mediante el siguiente plan general:
Fortuño adelantó que consulta tiene que llevarse a cabo
antes de las elecciones, por lo que el referéndum se realizará el
domingo, 12 de agosto de 2012. (Archivo/Primera Hora/Gerald
López-Cepero)
martes, 11 de octubre de 2011
07:16 a.m.
Primera Hora
El gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, agradeció a la
Legislatura, que anoche dio paso a la ley que permite consultarle al
pueblo si desea que se reduzca en una tercera parte la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico.
“La Reforma Legislativa es un compromiso programático de esta
Administración para reducir el número de legisladores en ambos cuerpos
en una tercera parte... y lo estamos cumpliendo”, expresó el Gobernador
en un comunicado de prensa.
Fortuño afirmó que “estoy
sumamente satisfecho y agradecido con la aprobación de este proyecto,
que beneficiará de manera directa a todos los puertorriqueños. Con la
Reforma Legislativa, tendremos una Asamblea Legislativa más pequeña,
menos costosa y más eficiente, y agradezco los esfuerzos de todos los
que apoyaron e hicieron posible esta medida”.
Recalcó que luego de la aprobación de la ley se llevará a
cabo un referéndum donde se le consultará al pueblo la enmienda a la
Constitución, para reducir el número de miembros de la Asamblea
Legislativa de 78 a 56 mediante el siguiente plan general:
• Un Senado compuesto por 17 (10 menos que hoy día); 11 senadores de distrito y 6 Senadores por acumulación
• Una Cámara de Representantes compuesta de 39 representantes (12
menos que hoy); 33 representantes de distrito y 6 representantes por
acumulación.
• Cada senador de distrito representaría un distrito
senatorial y cada representante de distrito un (1) distrito
representativo.
Cada distrito senatorial incluiría tres (3) distritos representativos.
De la misma manera, explicó que esta proposición reduce el número de
legisladores y los gastos operacionales de la Asamblea Legislativa y,
simultáneamente, protege la integridad y representatividad de ambos
cuerpos de conformidad con los principios, las figuras y las estructuras
establecidas en nuestra Constitución. La propuesta de enmienda
conserva la estructura bicameral, las figuras de senadores y
representantes de distrito, las figuras de senadores y representantes
por acumulación y los mecanismos para mantener la adecuada
representación de minorías legislativas.
Añadió que la
consulta tendrá que llevarse a cabo antes de las elecciones. En ese
sentido, durante el 2012 se realizará un plebiscito de dos consultas
para que el pueblo de Puerto Rico decida sobre el estatus político de la
Isla. La primera de esas dos consultas se llevará a cabo el domingo,
12 de agosto de 2012.
“En vista de ello, y con el fin de ahorrar dinero a nuestro Pueblo, en el proyecto de ley habilitadora que estaremos presentando en los próximos días, dispondremos para que el referéndum para la Reforma Legislativa se realice el mismo 12 de agosto de 2012, conjuntamente con la primera consulta sobre el estatus”.
sábado, 2 de junio de 2012
La intención de enmendar el plebiscito
Desde Washington
José A. Delgado
El Nuevo Día
27 de mayo de 2012
La intención de enmendar el plebiscito
El Partido Nuevo Progresista (PNP) ha adelantado que próximamente se propone volver a enmendar la ley que regula la propuesta consulta de status que han convocado para el 6 de noviembre, junto a las elecciones generales.Según el gobernador Luis Fortuño, se trata de hacer enmiendas “técnicas”, no sustantivas, que se harán por “consenso” con “otros movimientos que han decidido participar de la consulta”.
Pero, lo que se escucha de líderes del PNP es el interés de cambiar el nombre a la alternativa de Estado Libre Soberano (ELA) fuera de la cláusula para territorios de la Constitución de Estados Unidos.
La idea parece ser precisar que en vez del ELA soberano la definición de ese status lleve el nombre de la libre asociación que el derecho internacional reconoce como tercera alternativa no colonial, adicional a la independencia y la plena integración a la metrópoli.
Hasta muy recientemente, el PNP había indicado que el nombre no hace la cosa, que podía llamársele ELA soberano o asociación soberana a la fórmula de libre asociación.
Cuando se aprobó la ley, el Gobierno del PNP determinó que en la primera consulta se le preguntaría al electorado de la Isla, en primer lugar, si querían o no mantener el actual status territorial, que comúnmente se identifica con el nombre de la Constitución de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado (ELA).
“La inclusión de la condición territorial actual en la primera pregunta provee a aquellos que deseen defender dicha condición política la oportunidad de votar por esta opción y evidenciar el respaldo que tenga de nuestro Pueblo. Con esto atendemos el reclamo de que no se excluya ninguna de las opciones de la papeleta”, indica la exposición de motivos de la ley, según fue firmada por el gobernador Fortuño.
La expresión hecha por el Gobernador de que no habrá cambios sustantivos al plebiscito debe indicar que esa primera pregunta se queda.
Por la segunda pregunta incluirse en la misma papeleta y en el mismo evento electoral, no en un evento distinto como originalmente propuso el PNP, es que se ha generado la confusión a la que aluden tanto los electores como los políticos.
Si una persona vota en la primera pregunta a favor de mantener el actual status territorial, aún así puede seleccionar en la segunda entre la estadidad, el ELA soberano y la independencia.
Las encuestas han indicado que es posible que los electores – sea porque ante la posibilidad de un cambio prefieren mantener lo que conocen o, como ha sugerido la dirección del Partido Popular Democrático (PPD), quieren aguarle la fiesta de status al Gobernador -, opten por continuar con el actual status territorial.
Pero, en la segunda - para sorpresa de todos, hasta de los defensores del ELA soberano, pero sobre todo del PNP -, las dos últimas encuestas de El Nuevo Día y otra del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) han indicado que el ELA soberano puede ganarse a la estadidad en noviembre.
Eso parece haber revivido los temores dentro del PNP sobre un proceso de status que han controlado plenamente y que deberían tener en el bolsillo. El PNP siempre ha pensado que una vez se descarte el ELA territorial como alternativa, la estadidad ganaría a galope cualquier consulta en la Isla.
Pero, ante el aviso que le han dado las encuestas, hay voces en el PNP que piden cambiar el nombre del ELA soberano por la libre asociación.
El PNP, sin embargo, justificó la inclusión del ELA soberano en la ley 283 del 28 de diciembre de 2011 con el argumento de que “el proceso dispuesto en esta ley persigue ser uno equitativo, inclusivo y justo”.
“En aras de ser lo más inclusivos posibles y que ningún sector significativo quede excluido en el proceso, los electores tendrán la oportunidad de votar por un estatus llamado Estado Libre Asociado Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal, consignado en el vigente programa de Gobierno del Partido Popular Democrático y reafirmado en su documento oficial intitulado Pacto de Futuro: Contrato Social para la Transformación de Puerto Rico. Dicha alternativa está enmarcada en Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconocen la estadidad o integración, la independencia u otro arreglo por acuerdo mutuo entre países soberanos. Esta opción tendría que cumplir con las normas del derecho internacional sobre igualdad soberana”, indica la ley.
Lo único que parece haber cambiado desde entonces son los pronósticos de la encuestas.
Muy mal sabor dejará que ahora el Gobierno del PNP quiera renombrar la alternativa de asociación soberana porque las encuestas le vaticinan una derrota a la estadidad entre las alternativas de cambio incluidas en las papeleta.
Después de todo el nombre no hace la cosa.
Lo sabemos, pues llevamos 60 años hablando de un Estado Libre Asociado que no es ni estado ni libre ni la Cámara de Representantes federal, en 1998 y 2010, ha reconocido que esté auténticamente asociado a Estados Unidos.
jueves, 17 de mayo de 2012
Rechazo a entrada a puerto de barco con judíos
16 de mayo de 2012
El barco que nunca llegó
ABRAHAM LINKEWER
El Nuevo Dia
El 12 de diciembre de 1941, un barco griego, construido en 1867, al mando de un capitán búlgaro y bajo bandera panameña, salió del Puerto de Constanza, Rumania, con una carga humana de 769 judíos europeos que intentaban evitar el Holocausto nazi, con rumbo a la tierra prometida, en ese entonces Palestina, bajo dominio británico. Habían presenciado las masacres de judíos en Besarabia y Bukovina y huían de la Gestapo.
El Struma, un barco metálico, corroído por el tiempo y la falta de mantenimiento, había sido transporte de ganado. Con sólo un baño y sin cocina. Hacía su primera escala en Estambul; tardaron tres días en un viaje que se realizaba en 14 horas. Su viejo motor siempre dañado. Llegados allí, los certificados de inmigración que los británicos les habían prometido, les fueron negados. Quedaba un solo camino y era tratar de entrar ilegalmente a Palestina.
El gobierno turco no les permitió anclar ni que se les proveyera agua y comida, y la alternativa de retornar a Rumania estaba siendo considerada. El gobierno se los negó. No los querían allí…
Quedaron anclados fuera del puerto por diez semanas totalmente aislados, muchos enfermos. El gobierno turco les anunció que si no tomaban una decisión hacia donde ir para el viernes 16 de febrero, remolcarían el Struma de regreso al Mar Negro.
El gobierno inglés, por ningún motivo permitió la entrada de inmigrantes judíos a Palestina, pero anunció que niños entre los once y dieciséis años podrían emigrar. Sabían que eso no iba a ser posible, porque deberían desembarcarlos en Turquía para hacer su viaje y los turcos lo prohibieron. Ningún niño pudo bajar del Struma.
Vencido el plazo, una semana después, el 23 de febrero de 1942, la policía turca abordó el barco e informó al capitán que serían removidos del lugar, remolcados si fuera necesario porque aún no se había reparado su motor. Tampoco quedaba agua potable ni combustible a bordo. Los pasajeros trataron de poner alguna resistencia, pero débiles y enfermos, no lograron quebrar a los turcos.
El Struma fue remolcado a seis millas de la costa y allí quedó a la deriva. En esos momentos, las esperanzas de esos 769 judíos perseguidos, rechazados y despreciados por todos, hombres, mujeres y niños, que soñaron con llegar a la tierra prometida, entendieron que sus ilusiones se esfumaban en ese tenebroso y desconocido horizonte en el que los dejaron abandonados.
Según surgió de documentos rescatados, el capitán del submarino soviético SC-213, Dimitri Mahelovich, revisó su Carta de instrucciones y, sin mayores reparos, ordenó a su primer oficial disparar un torpedo contra aquel barco a la deriva… y hundirlo. Sabía cuál era su carga…
En par de horas, ese desvencijado Struma explotó y se hundió: sólo a un sobreviviente recogió la marina turca que salió a hacer un salvataje luego de varias horas de verlo hundirse.
Ciento tres bebés y niños perecieron allí ese 24 de junio de 1942 por la decisión de unos aliados, que completaron la tarea de los nazis. Un total de 768 quedaron allí, su esperanza ahogadas en mares extraños.
Los alemanes los habían perseguido, los turcos les impidieron anclar, los ingleses odiaron a su raza y finalmente los rusos los acabaron.
Esta historia no es muy conocida, la vergüenza de tantos la ha escondido, minimizada quizás ante un Holocausto de seis millones de víctimas.
Otra de tantas tragedias de esa horrible Guerra, que oramos porque no se repita.
El mundo y sus gobernantes, ¿habrán acaso aprendido su lección?
Los judíos: rechazados en Cuba, acogidos en República Dominicana
El refugio en Latinoamérica
Hotel
Royal, sede de la Conferencia de Evian sobre refugiados judíos de la
Alemania nazi. Evian-les-Bains, Francia, julio de 1938.
— National Archives and Records Administration, College Park, Md.
La mayor parte de los países latinoamericanos permaneció relativamente abierta a los inmigrantes desde 1918 a 1933. Después de la toma de poder de los nazis
en Alemania, sin embargo, cuando la búsqueda de refugio se intensificó,
la resistencia tanto popular como oficial a aceptar a los judíos
europeos y a otros extranjeros aumentó. Entre 1933 y 1945, los gobiernos
latinoamericanos permitieron inmigrar oficialmente a solamente 84.000
refugiados judíos, menos de la mitad del número que habían autorizado a
entrar durante los quince años anteriores. Otros entraron en estos
países a través de cauces ilegales.
La negativa de los países latinoamericanos a ofrecerles ingreso a más refugiados judíos provenía de varias causas. El antisemitismo creciente era sin duda una razón, tal como el temor a la competencia económica. En ciertos casos, había resentimiento por el hecho de que algunos refugiados judíos que habían entrado bajo la condición de hacer trabajos agrícolas luego fueron a parar en las ciudades. Además, la simpatía de algunos latinoamericanos de descendencia alemana por la ideología nazi y las teorías raciales también contribuyó al creciente antisemitismo.
Durante la Gran Depresión, lideres políticos y gobiernos por toda la región explotaron la crisis económica para desarrollar bases populistas. Las políticas de gobernantes como Getulio Vargas (Brasil), Roberto Ortiz (Argentina), Arturo Alessandri (Chile), Lazaro Cardenas (México), y Fulgencio Batista (Cuba) muestran esta tendencia, que fomentó el desarrollo de partidos políticos anti-inmigrantes o plataformas y fuertes campañas en la prensa contra las leyes de inmigración. Estas actitudes fueron reflejadas en leyes de inmigración cada vez más estrictas que fueron introducidas por toda Latinoamérica a fines de los 1930 (México en 1937; Argentina en 1938; Cuba, Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Uruguay en 1939). Los resultados de estas leyes fueron asombrosos. Argentina, que había permitido entrar a 79.000 inmigrantes judíos entre 1918 y 1933, solo admitió oficialmente a 24.000 entre 1933 y 1943. Otros 20.000 judíos entraron a la Argentina ilegalmente, cruzando la frontera desde países vecinos. Brasil permitió entrar a 96.000 inmigrantes judíos entre 1918 y 1933, pero solamente a 12.000 entre 1933 y 1941.
En este clima, las autoridades cubanas se negaron a permitirle la entrada a la mayoría de los pasajeros del barco St. Louis cuando atracó en La Habana en mayo de 1939. Aunque el St. Louis llevaba un número inusualmente alto de posibles inmigrantes y los medios de comunicación prestaron mucha atención al asunto, el incidente no fue aislado. Pasajeros de los barcos Orduña, Flandre, y Orinoco se encontraron en situaciones similares. En noviembre de 1941, el gobierno alemán prácticamente cortó el movimiento de refugiados judíos hacia Latinoamérica cuando prohibió toda emigración judía de los territorios bajo su control.
Los no judíos encontraron que era más fácil emigrar a algunos países latinoamericanos. México permitió entrar a solamente 400 refugiados judíos entre 1933 y 1945, pero expidió por lo menos 16.000 visas de inmigración a refugiados republicanos españoles entre 1938 y 1945, y más de 1.400 visas a refugiados católicos polacos entre 1939 y 1941. Brasil propuso tomar varios miles de refugiados no judíos de Finlandia y de territorios bajo control alemán, incluyendo católicos definidos como “no arios” bajo el sistema de clasificación racial de los nazis.
Había excepciones a esta fría acogida. En la Conferencia internacional de Evian sobre la crisis de los refugiados, el Presidente Rafael Leonidas Trujillo ofreció admitir hasta 100.000 judíos a la República Dominicana. El gobierno dominicano posteriormente donó tierra en Sosuá, una ciudad sobre la costa norte de la isla, para el establecimiento de un asentamiento agrícola judío. A pesar del apoyo del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y de la inversión de una cantidad de dinero considerable por parte de judíos en los Estados Unidos, la República Dominicana dejó entrar a solamente 645 judíos desde 1938 a 1945 y la población de la colonia de Sosuá llego a su pico con 476 residentes en 1943. Sin embargo, las autoridades dominicanas expidieron alrededor de 5.000 visas a judíos europeos entre 1938 y 1944, aunque la mayoría de los destinatarios nunca echaron raíces en la República Dominicana. Ello no obstante, estos documentos fueron fundamentales para permitirles huir de la Europa ocupada por los nazis.
Menos conocida es la entrada de más de 20.000 refugiados judíos entre 1938 y 1941 a Bolivia. Fundamentales en esta iniciativa fueron los esfuerzos de Mauricio (Moritz) Hochschild, un magnate minero judío-alemán que controlaba un tercio de la producción mineral en Bolivia y que tenía lazos políticos con el presidente boliviano Germán Busch. Después de la Guerra del Chaco contra Paraguay (1932-1935), Busch trató de estimular la economía boliviana dejando entrar a inmigrantes europeos. Hochschild usó esta oportunidad para facilitar un movimiento regular de inmigrantes judíos alemanes y austriacos, que consiguieron visas a través de cinco consulados bolivianos en Europa (Zurich, Paris, Londres, Berlín, y Viena). Los refugiados llegaban por barco a Arica, Chile, de donde eran llevados por tren hasta La Paz, Bolivia, en lo que vino a ser llamado el Express Judío. Con la ayuda del Comité Judío Americano para la Distribución Conjunta, con sede en los Estados Unidos, Hochschild creó instalaciones para los inmigrantes, muchos de los cuales posteriormente cruzaron ilegalmente por las fronteras porosas de Bolivia a países vecinos, especialmente Argentina. (La Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas, o SOPRO, creada por Hoschschild, tenía oficinas en La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro, y Tarija.)
Después que la Alemania nazi y sus colaboradores del Eje empezaron a llevar a cabo el asesinato masivo de los judíos europeos en 1941, algunos gobiernos latinoamericanos expidieron pasaportes, visas, y documentos de ciudadanía a través de sus legaciones europeas. Estos documentos jugaron un papel importante en el rescate de judíos, aunque muchos nunca llegaron a los países que expidieron los documentos. Sin embargo, estos documentos a menudo les permitieron empezar su viaje a un lugar seguro. Empezando en 1942, El Salvador expidió hasta 20.000 pasaportes disponibles a judíos bajo ocupación nazi a través su Cónsul General en Ginebra, José Arturo Castellanos. Estos pasaportes fueron especialmente útiles para salvar vidas en Budapest en 1941, cuando los judíos húngaros eran la última comunidad judía intacta en la Europa ocupada.
Latinoamérica era un destino importante para muchos sobrevivientes del Holocausto. Más de 20.000 refugiados judíos inmigraron a la región entre 1947 y 1953. Su destino primario era Argentina, que vino a ser el hogar de por lo menos 4.800 sobrevivientes del holocausto. Otros se asentaron en Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá y Costa Rica, entre otros países.
La negativa de los países latinoamericanos a ofrecerles ingreso a más refugiados judíos provenía de varias causas. El antisemitismo creciente era sin duda una razón, tal como el temor a la competencia económica. En ciertos casos, había resentimiento por el hecho de que algunos refugiados judíos que habían entrado bajo la condición de hacer trabajos agrícolas luego fueron a parar en las ciudades. Además, la simpatía de algunos latinoamericanos de descendencia alemana por la ideología nazi y las teorías raciales también contribuyó al creciente antisemitismo.
Durante la Gran Depresión, lideres políticos y gobiernos por toda la región explotaron la crisis económica para desarrollar bases populistas. Las políticas de gobernantes como Getulio Vargas (Brasil), Roberto Ortiz (Argentina), Arturo Alessandri (Chile), Lazaro Cardenas (México), y Fulgencio Batista (Cuba) muestran esta tendencia, que fomentó el desarrollo de partidos políticos anti-inmigrantes o plataformas y fuertes campañas en la prensa contra las leyes de inmigración. Estas actitudes fueron reflejadas en leyes de inmigración cada vez más estrictas que fueron introducidas por toda Latinoamérica a fines de los 1930 (México en 1937; Argentina en 1938; Cuba, Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Uruguay en 1939). Los resultados de estas leyes fueron asombrosos. Argentina, que había permitido entrar a 79.000 inmigrantes judíos entre 1918 y 1933, solo admitió oficialmente a 24.000 entre 1933 y 1943. Otros 20.000 judíos entraron a la Argentina ilegalmente, cruzando la frontera desde países vecinos. Brasil permitió entrar a 96.000 inmigrantes judíos entre 1918 y 1933, pero solamente a 12.000 entre 1933 y 1941.
En este clima, las autoridades cubanas se negaron a permitirle la entrada a la mayoría de los pasajeros del barco St. Louis cuando atracó en La Habana en mayo de 1939. Aunque el St. Louis llevaba un número inusualmente alto de posibles inmigrantes y los medios de comunicación prestaron mucha atención al asunto, el incidente no fue aislado. Pasajeros de los barcos Orduña, Flandre, y Orinoco se encontraron en situaciones similares. En noviembre de 1941, el gobierno alemán prácticamente cortó el movimiento de refugiados judíos hacia Latinoamérica cuando prohibió toda emigración judía de los territorios bajo su control.
Los no judíos encontraron que era más fácil emigrar a algunos países latinoamericanos. México permitió entrar a solamente 400 refugiados judíos entre 1933 y 1945, pero expidió por lo menos 16.000 visas de inmigración a refugiados republicanos españoles entre 1938 y 1945, y más de 1.400 visas a refugiados católicos polacos entre 1939 y 1941. Brasil propuso tomar varios miles de refugiados no judíos de Finlandia y de territorios bajo control alemán, incluyendo católicos definidos como “no arios” bajo el sistema de clasificación racial de los nazis.
Había excepciones a esta fría acogida. En la Conferencia internacional de Evian sobre la crisis de los refugiados, el Presidente Rafael Leonidas Trujillo ofreció admitir hasta 100.000 judíos a la República Dominicana. El gobierno dominicano posteriormente donó tierra en Sosuá, una ciudad sobre la costa norte de la isla, para el establecimiento de un asentamiento agrícola judío. A pesar del apoyo del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y de la inversión de una cantidad de dinero considerable por parte de judíos en los Estados Unidos, la República Dominicana dejó entrar a solamente 645 judíos desde 1938 a 1945 y la población de la colonia de Sosuá llego a su pico con 476 residentes en 1943. Sin embargo, las autoridades dominicanas expidieron alrededor de 5.000 visas a judíos europeos entre 1938 y 1944, aunque la mayoría de los destinatarios nunca echaron raíces en la República Dominicana. Ello no obstante, estos documentos fueron fundamentales para permitirles huir de la Europa ocupada por los nazis.
Menos conocida es la entrada de más de 20.000 refugiados judíos entre 1938 y 1941 a Bolivia. Fundamentales en esta iniciativa fueron los esfuerzos de Mauricio (Moritz) Hochschild, un magnate minero judío-alemán que controlaba un tercio de la producción mineral en Bolivia y que tenía lazos políticos con el presidente boliviano Germán Busch. Después de la Guerra del Chaco contra Paraguay (1932-1935), Busch trató de estimular la economía boliviana dejando entrar a inmigrantes europeos. Hochschild usó esta oportunidad para facilitar un movimiento regular de inmigrantes judíos alemanes y austriacos, que consiguieron visas a través de cinco consulados bolivianos en Europa (Zurich, Paris, Londres, Berlín, y Viena). Los refugiados llegaban por barco a Arica, Chile, de donde eran llevados por tren hasta La Paz, Bolivia, en lo que vino a ser llamado el Express Judío. Con la ayuda del Comité Judío Americano para la Distribución Conjunta, con sede en los Estados Unidos, Hochschild creó instalaciones para los inmigrantes, muchos de los cuales posteriormente cruzaron ilegalmente por las fronteras porosas de Bolivia a países vecinos, especialmente Argentina. (La Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas, o SOPRO, creada por Hoschschild, tenía oficinas en La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro, y Tarija.)
Después que la Alemania nazi y sus colaboradores del Eje empezaron a llevar a cabo el asesinato masivo de los judíos europeos en 1941, algunos gobiernos latinoamericanos expidieron pasaportes, visas, y documentos de ciudadanía a través de sus legaciones europeas. Estos documentos jugaron un papel importante en el rescate de judíos, aunque muchos nunca llegaron a los países que expidieron los documentos. Sin embargo, estos documentos a menudo les permitieron empezar su viaje a un lugar seguro. Empezando en 1942, El Salvador expidió hasta 20.000 pasaportes disponibles a judíos bajo ocupación nazi a través su Cónsul General en Ginebra, José Arturo Castellanos. Estos pasaportes fueron especialmente útiles para salvar vidas en Budapest en 1941, cuando los judíos húngaros eran la última comunidad judía intacta en la Europa ocupada.
Latinoamérica era un destino importante para muchos sobrevivientes del Holocausto. Más de 20.000 refugiados judíos inmigraron a la región entre 1947 y 1953. Su destino primario era Argentina, que vino a ser el hogar de por lo menos 4.800 sobrevivientes del holocausto. Otros se asentaron en Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá y Costa Rica, entre otros países.
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