domingo, 15 de julio de 2012

La Isla es uno de los países con más vehículos en el mundo

15 de julio de 2012
 

La crisis invisible

La inmensa cantidad de carros en nuestras calles es un problema que casi nadie considera como tal
 
La Isla es uno de los países con más vehículos en el mundo. (ARCHIVO)
Por Benjamín Torres Gotay / benjamin.torres@gfrmedia.com
Podríamos llamarle la crisis invisible, porque casi nadie la ve y, el que la ve, no la entiende. Es más, hay gente que ni siquiera lo considera un problema e, incluso, a menudo se le cita como ejemplo de lo bien que van las cosas. Pero, bien mirado, entendemos, no sin cierto horror, que se trata de una pesada piedra que carga en la espalda la población y sobre la cual casi nadie ha hecho ningún esfuerzo serio por entender, menos aún resolver.
Se trata de la inmensa cantidad de carros que transitan por nuestras calles.
Cifras dadas a conocer esta semana por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) revelan la espantosa cantidad de 3,045,000 de carros transitando por nuestras calles. Con poco menos de 3.8 millones de habitantes, esto significa que Puerto Rico es uno de los países con más carros per cápita en el mundo, pues hay casi un carro por habitante. Si se quitan los menores, que no pueden tener carro ni guían, estamos hablando de más de un carro por persona apta para conducir.
Datos del Banco Mundial de 2009 revelan que en Puerto Rico hay 596 carros por cada mil personas, lo cual nos coloca en el puesto número 12 en el mundo en esta categoría, empatados con España. Nos ganan Mónaco, Estados Unidos, Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Australia, Malta, Chipre, Italia, Canadá y Francia, y nos siguen Japón, Noruega, Grecia y Austria.
Todos esos países, menos Puerto Rico, tienen algo en común: son ricos. Entre todos, sus habitantes tienen un ingreso per cápita promedio de $41,175, lo cual es casi tres veces más que los $16,300 de Puerto Rico. Esto nos lleva a entender el primero, pero tal vez no el más importante, de los efectos nocivos que tienen entre nosotros esta adicción al automóvil: la inmensa carga que le representa al bolsillo de las familias puertorriqueñas la obligación de tener un carro.
Una parte sustancial del presupuesto familiar se va en el pago, el mantenimiento y la gasolina. Piense, un momento, cuántos arreglos podría haberle hecho a su casa, cuántos viajes podría haber dado, cuánto podría ahorrar para su vejez, si no tuviera que sacar mensualmente $500, $600 o más para todo lo que implica tener un carro. Esto es algo que en lo que muchos ni han pensado nunca, porque el carro está metido de tal manera en la siquis del puertorriqueño que pocos imaginan la vida de otra manera.
Pero esta no es la única consecuencia de este problema. Cada mañana, cuando salimos a las avenidas y carreteras que nos llevan a nuestros trabajos o escuelas, y vemos las descomunales congestiones, nos enfrentamos con otra de las consecuencias de este problema: el precioso tiempo de vida que pasamos dentro de la caja de metal, tiempo que podríamos pasar compartiendo con la familia, creando, produciendo, siendo felices.
La dependencia del carro también causa monumentales problemas ambientales y obliga al gobierno a invertir en carreteras multimillonarias cantidades que mejor uso podría dársele en escuelas, hospitales o recreación. En resumen, por donde quiera que se mire este asunto de que somos uno de los países con más carros en el mundo vemos una hernia gigantesca en la sociedad, de la que, sin embargo, nadie se ha enterado ni le ha puesto el mínimo de voluntad en resolverlo.
Por supuesto, todos tenemos claro de que por la manera en que hemos organizado nuestras ciudades no tenemos más remedio que embrollarnos con el toyotita o vivir con la sensación de ansiedad que nos da cada vez que le oímos al carro un ruidito extraño.
Nuestros gobernantes nos han encadenado de esta manera.
Dejaron que las ciudades se organizaran a favor de los carros y no de la gente, que falten aceras pero sobren espacios de estacionamiento. No nos han dado un sistema de transportación masiva en el que podamos confiar. Tenemos una AMA que, como el tren de El Guardagujas, de Juan José Arreola, es un milagro que llegue y, si llega, que nos lleve a donde queremos. Se gastaron $2,500 millones en un tren urbano que es muy moderno y se ve muy bonito, pero no sirve para nada pues no llega a ningún sitio.
Imaginemos, un instante, la vida de otra manera. Imagine salir de su casa a pie, hacer ejercicio, respirar aire fresco, encontrarse con su vecino, conversar, tomar un tren, ver de cerca a la gente y a la vida, salir del encierro de la caja de metal. No tener que sacar $500 mensuales para el carro.
Esto, como tantos otros problemas que enfrentamos, puede parecer que llegó a un nivel que no tiene solución. Pero, poco a poco, como todo lo otro, se puede arreglar. Solo falta que empecemos a caminar. En este caso, literalmente.

sábado, 14 de julio de 2012

Demasiados carros, poco desarrollo

14 de julio de 2012
 

Demasiados carros, poco desarrollo

Urge maximizar la transportación colectiva
 
El exceso de vehículos compromete la capacidad de desarrollo de la zona metropolitana, según conocedores. (archivo)
Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
Incentivar el transporte colectivo a través del Metro Urbano es para el Gobierno la única estrategia en agenda -y a largo plazo- para lidiar con la elevada proporción de vehículos de motor que hay en la Isla, lo que, según estudiosos del tema, compromete su capacidad de desarrollo.
Mientras el Censo de 2010 contabiliza la población de Puerto Rico en 3,706,690, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene registrados 3,045,227 autos. Esto equivale a .822 autos por habitante.
Según el secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, a través de varias extensiones del Metro Urbano se busca incentivar el transporte colectivo.
“Se incentiva al público a usar menos sus vehículos privados y se fomenta el uso de transporte colectivo. Por eso hemos estado haciendo iniciativas bien agresivas como Metro Urbano (desde Bayamón) hacia Toa Baja, y eventualmente hacia Dorado”, destacó Hernández Gregorat.
Indicó que estos proyectos habrán de replicarse de San Juan hacia Caguas y Carolina, y desde estas ciudades a otros pueblos más distantes. Asimismo, el funcionario mencionó que el Metro Urbano permitirá en ciertos horarios el paso de vehículos por los nuevos carriles construidos para el tren liviano, por lo que se incentivaría de modo particular el ‘carpool’.
“No está mal. Es un buen estímulo”, reaccionó en principio a esta novedad el planificador José Rivera Santana.
Sin embargo, le pareció contradictorio que no se incluya en estos planes el repoblar los cascos urbanos.
“No hay un entendimiento cabal del problema de la transportación. Si no planificamos mejor la ciudad y el territorio, vamos a seguir teniendo gente que viva fuera de los centros de trabajo, de estudio y donde reciben servicios. Van a necesitar trasladarse de distancias más largas y eso va en contra de un mejor sistema de transportación colectiva”, explicó.
Añadió que “lo que facilita que un sistema de transporte colectivo sea efectivo es que la ciudad sea más densa”.
De hecho, basándose en un estudio de 2005 realizado por los economistas Manuel Lobato y Víctor Curi, el economista José Alameda estimó que el costo del tapón para los trabajadores en el País equivaldría hoy día a $1,533 millones, o 6% del salario total pagado a la clase trabajadora.
La proporción de vehículos por habitante, según Rivera Santana y Alameda, impone un alto costo económico, ambiental y social a los individuos y al País.

How Brazilian inmates can pedal their way to freedom

How Brazilian inmates can pedal their way to freedom


Brazil's new program aims to keep inmates fit and help keep the public safe
You've probably heard of the dancing inmates that took the internet by storm, but what about pedaling, electricity-generating inmates? In a small prison in Minas Gerais, Brazil, prisoners are given the chance reduce their sentences and even help the public, simply by exercising. Inmates who are part of the program spend their days pedaling on exercise bikes that can generate electricity, and three eight-hour shifts reduce an inmate's sentence by one day.
According to a recent BBC report, the electricity they generate is kept in old car batteries, which are then used to light up street lamps located along what used to be a dark and shady road. But that's not the extent of the project's benefits: Inmates also say they're now much fitter than before. No word yet on whether the same project would be implemented in other prisons in the country.
[via TheNextWeb]
This article was written by Mariella Moon and originally appeared on Tecca
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domingo, 1 de julio de 2012

La Isla del 'chanchullo' gubernamental

1 de julio de 2012
12:00 a.m.
 

La Isla del 'chanchullo' gubernamental

Puerto Rico se posiciona como uno de los destinos más corruptos del mundo. Serie especial
 
Con el pasar de la décadas el País se pone más corrupto.(Archivo)
Por Brunymarie Velázquez / brunymarie.velazquez@elnuevodia.com
“Si usáramos una metáfora para definir la corrupción, asemejaría la de unas polillas devorando una embarcación en medio del océano; cada uno de los insectos se beneficia hasta que la nave colapsa, y la totalidad de las polillas muere ahogada.”  -José López Presa, México 1998
La corrupción  gubernamental en Puerto Rico ha llegado a tal punto que  empresarios admiten que en las últimas décadas se ha vuelto rutinario separar una partida de sus presupuestos para asegurar sus contratos con el gobierno y están dispuestos a pagar a los funcionarios unas buenas tajadas de las ganancias de esos contratos si los favorecen.

Para colmo de males, funcionarios públicos que también fueron consultados en una extensa investigación académica reconocen que han sucumbido a alguna petición económica ilegal para tener acceso a adelantar sus causas o intereses, sean personales o de negocio.
Hallazgos como estos fueron el resultado del estudio “Proyecto sobre el mal uso de los recursos del gobierno”  auspiciado por la Oficina del Contralor, que también reveló, entre otras cosas, que los empresarios encuestados admiten que existe un alto de nivel de corrupción relacionado a la compra y venta de influencias para alterar las leyes o las decisiones del gobierno.

Así, este estudio puso en blanco y negro las modalidades y tendencias crecientes de la corrupción  en las tres ramas de gobierno y en los municipios.

Muchas de las conclusiones del estudio fueron categóricas:

- El 46% de los empresarios encuestados admite que la corrupción en su industria es de “nivel intermedio a muy alta”.

- El 23% de los empresarios tiene una partida de su ingreso presupuestado para hacer regalos o “tener detalles de cortesía” con funcionarios públicos.

- Casi un 30% reveló que se ha visto en la obligación de contribuir a campañas políticas.
El motivo del estudio, llevado a cabo por siete profesores del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, luego de un acuerdo con la Oficina del Contralor, fue subsanar la ausencia de estadísticas que auscultaran la realidad del mal uso de fondos públicos en Puerto Rico.

Esta investigación, del cual este diario consiguió copia,  es la primera de este tipo que se realiza en Puerto Rico, según los autores de la misma.

 Se le cuestionó a los investigadores la vigencia de la investigación, pues según explican, los datos de los hallazgos se basan en  informes de auditorías del Contralor publicados entre julio de 1997 hasta junio de 2008. Los datos de opinión general fueron estudiados de todos los informes del 1952 hasta el 2009.
Alicia Rodríguez Castro, una de las investigadoras y autora de dos de los siete capítulos del estudio,  aseguró que los trabajos investigativos y de naturaleza científica no tienen que llegar hasta el presente y tienen vigencia.
“Las condiciones en que se da la corrupción no han cambiado significativamente y (el estudio) cubre un largo período de tiempo”, justificó la profesora.

Corrupción en aumento

Según la doctora Eileen  Segarra Alméstica, directora de la investigación, las auditorías de la Oficina del Contralor demuestran un aumento sustancial en los casos que llegan a contraloría.

“El índice comenzó su ascenso en el 1984,  mostró su punto más alto en el 2003 y luego en el 2008”, indicó durante una mesa redonda con Rodríguez Castro y el profesor Héctor M. Martínez, también participantes del estudio.

También la percepción de los encuestados es que la corrupción ha crecido. El 66% de los empresarios cree que la corrupción ha ido en ascenso y un 56% de los empleados o funcionarios públicos encuestados piensa lo mismo.

Así, un 12% de los funcionarios cree que se ha reducido  y  un 9% de los empresarios también cree que ha disminuido. Mientras, tres de cada diez funcionarios creen que se ha quedado en el mismo nivel y cerca de dos de cada diez de los empresarios opinó igual.
Puerto Rico en el Mundo
Los resultados del estudio concuerdan con el análisis internacional.
El índice de corrupción generado por Transparencia Internacional, la organización mundial anticorrupción, refleja que la corrupción en Puerto Rico se ha intensificado desde el 2008 al 2011 a pesar de que el país se sitúa entre los 40 menos corruptos del mundo.
En el 2008 la Isla ocupó la posición 36 entre un total de 182 países. En el 2011 empeoró y se ubicó en la posición 39. Entre más alto es el número, peor  la calificación.
El país menos corrupto, según el estudio, es Nueva Zelanda y el peor es Somalia, en el indicador 182. Estados Unidos ocupó el año pasado  la posición 24.
En el 2009 el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla estimó que la corrupción  le cuesta   al país cerca de $860 millones en pérdidas anuales.
Sin embargo, para la economista Rodríguez Castro, esta cifra es casi imposible de calcular con exactitud, por lo que podría ser muchísimo más.  
Lo que sí pudo confirmar la economista es que “la corrupción reduce la inversión, y consecuentemente el crecimiento económico aún en países con excesivas reglamentaciones burocráticas”.
El costo social de la corrupción podría ser incalculable.

 “Varios estudios han demostrado que la corrupción atenta particularmente contra los pobres, pues les niega los recursos que pudieran ser utilizados pra beneficiarlos. Aumenta la separación entre clases sociales, entre regiones, comunidades y diferentes grupos étnicos de los países”, sostuvo la economista.
Según la investigación de Rodríguez Castro, “los gobiernos corruptos se distinguen por ser violadores de derechos humanos y constitucionales de sus ciudadanos y utilizan la fuerza coercitiva del Estado para reprimir a los que protestan por la corrupción”.

  Además, según la economista, la corrupción tiene un costo ambiental, pues promueve y desarrolla grandes proyectos de infraestructura social con el fin de generar oportunidades para que pueda darse el soborno, la extorsión y otras transacciones ilícitas.
“Se violan leyes ambientales aprobadas y se degradan los recursos y la calidad de vida de la sociedad y el hábitat natural de varias especies en peligro de extinción”, expresó.

Cuánto cuesta combatirla

 En los últimos años el país ha pagado cerca de $434 millones para combatir la corrupción entre las tres principales agencias locales, según los presupuestos publicados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La corrupción gubernamental ha estado entre las primeras preocupaciones en los resultados de la Encuesta de El Nuevo Día  en los últimos diez años.

Y no es para menos, cuando el Estado ha invertido desde entonces cerca de $76 millones en las operaciones de la Oficina de Ética Gubernamental, $17 millones en la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y  $341 millones en la Oficina del Contralor, según los presupuestos.

Este cálculo no  incluye el costo de operaciones del Departamento de Justicia y su División de Integridad Pública. Tampoco calcula los fondos de la oficina del FBI en la isla que también investiga casos de este tipo.
Los factores causantes de la corrupción en mayor grado, según los encuestados, se deben en su mayoría a la falta de un sistema eficiente para combatir la corrupción, falta de rigor en la aplicación de las leyes, penalidades muy leves y la carencia de un mecanismo efectivo para compensar el buen desempeño de los funcionarios y empleados públicos.

Nota del editor: Recuerda buscar mañana la segunda parte de este reportaje